Por un lado los representantes de las administraciones públicas (agencia tributaria y seguridad social) hicieron gala de la prepotencia a que nos tiene acostumbrada la administración; no importa que la Unión Europea abandere los principios de neutralidad tecnológica y convergencia; de nada sirve hablar de reconocimiento mutuo de los certificados de firma reconocida emitidos por los diferentes prestadores de servicios de certificación (incluso de otros Estados, vease el artículo 14 de la Ley 59/2.003).

De la conferencia del Sr. Roldán (AEAT) nos quedamos con avances como en el pago de impuestos y la reciente implementación de la recepción telemática de notificaciones a través del portal www.agenciatributaria.es.

La exposición del Sr. Laviña (Tesorería de la Seguridad Social) revela los tres defectos endémicos de la firma electrónica en España:

1º.- La imposición al usuario del software propietario (el certificado de la S.S. precisa navegador Internet Explorer 5.5 o superior).
2º.- Los certificados de la Tesorería (SILCON) no permiten certificados de personas jurídicas, ni de sus apoderados; lo que revela un desconocimiento absoluto de la operativa normal de las empresas y los profesionales.
3º.- El “reconocimiento de los certificados emitidos por otros prestadores de certificación” se reduce a dos.

Ambas administraciones – en sus certificados propios – apuestan por el software propietario y por la descarga de software en disco duro; lo que revela desconocer la necesidad de los dispositivos seguros de creación de firma como garantes, en última instancia, de las tres notas que informan la firma electrónica reconocida: identidad, integridad y no repudio.

Pero lo más preocupante es la interpretación que el Sr. Roldán y el Sr. Laviña hicieron de la obligación de reconocimiento mutuo entre prestadores de certificación; ambos conferenciantes nos transmitieron la existencia “de facto” de un filtro – no contemplado en la ley – para el reconocimiento de certificados de terceros; “nos lo solicitan y lo estudiamos” (¿para que se molesta el legislador en dictar leyes si la administración tiene su propia interpretación exclusiva, excluyente y paralegal?).

En la otra cara de la moneda Doña Mª Jesús Fernández Ruiz (responsable de www.zaragoza.es) expuso los proyectos de e-administración en los que se haya inmerso el ayuntamiento zaragozano de cara a acercar la administración al ciudadano con visión abierta a todas las tecnologías (wi-fi, móviles, pda) y con una clara apuesta por la convergencia y la neutralidad tecnológica. Llamó mi atención el proyecto para el abono telemático de “micropagos” a través de teléfono móvil (tasas de menos de 6,00 €) y la estadística de utilización de notificaciones vía sms para concesión de licencias de obras menores (más del 90%). Aunque el ayuntamiento no se ha constituído en Prestador de Servicios de Certificación electrónica ya ha alcanzado acuerdos con los tres principales prestadores españoles (FNMT, Camerfirma y Firma Profesional) para el reconocimiento de sus certificados.

Por su parte, Don Andrés Dochao (Camerfirma) presentó sus productos de firma electrónica con software residente en disco duro (como la AEAT y Tesorería de la S.S.), que facilita de forma gratuíta, y mediante utilización de dispositivo seguro de creación de firma: firma electrónica reconocida (de pago).

Se hechó en falta que ninguno de los conferenciantes explicara que La ley otorga a la firma electrónica reconocida (la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma, según la Directiva 1999/93/CE) la equivalencia funcional con la firma manuscrita respecto de los datos consignados en forma electrónica.

En el lado más positivo de la balanza la constatación de la “nueva Cámara” que se está forjando de la mano de personas como Isabel Lecina, Narciso Samaniego y Roberto Abizanda.

Hay fotos que hizo Fernand0, y otras que hice yo (y que todavía no he sabido descargar).

Ya se han colgado de la web del SATY las presentaciones.

Páginas: 1 2