Las acepciones del verbo piratear “curiosamente” van más allá (a pesar de incluirse el verbo seguido del sustantivo, en la página 1.769 del mentado diccionario):

“1. ejercer la piratería.//2. Cometer acciones delictivas contra la propiedad, como hacer ediciones sin permiso del autor o propietario, contrabando, etc.”

Si detenemos aquí nuestro análisis llegaremos, como hacen las gestoras de derechos – patrimoniales, no seamos cínicos – de autor a la conclusión simplista de que compartir archivos es una acción delictiva contra la propiedad intelectual; es piratería y es un ilícito penal equivalente al robo.

No obstante, a la ecuación le faltan variables; a saber:

1.- Artículo 44.1 de la Constitución Española:

“Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.”

2.- La Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 31 dice que:

“Las obras ya divulgadas podrán reproducirse sin autorización del autor en los siguientes casos:

…/…2º.- Para uso privado del copista, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25 y 99.a) de esta ley, y siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa.”

El artículo 25 contempla la remuneración por copia privada (el denostado CANON) de obras divulgadas – libros, música… – y el 99.a), por su parte, otorga a los titulares de derechos de explotación sobre programas de ordenador el derecho a autorizar la reproducción.

[se hace preciso, en este punto, saber que entiende nuestro legislador por reproducción, en el artículo 18 L.P.I.: “la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de todo o parte de ella”]

Vemos, por tanto, que la solución del legislador es distinta según la obra divulgada sea o no un programa de ordenador; en un caso la solución pasa por una remuneración por copia privada; en el otro por el derecho a autorizar la reproducción (“solución” cuestionable y, probablemente, inconstitucional ).

3.- El artículo 270 Código Penal, en su redacción conforme a la Ley 15/2.003 nos informa que :

“1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. “

Una vez referenciadas las tres normas patrias que afectan a los derechos de propiedad intelectual (en el ámbito constitucional, civil/mercantil y penal) podemos colegir que se conjuga el verbo piratear, tal como lo define la RAE – respecto de las obras literarias, artísticas o científicas – cuando con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero se reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente una obra sin autorización del titular.

La Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 31 sienta la excepción (salvando “de puntillas”el mandato de Nuestra Carta Magna en su artículo 44); informándonos que no es precisa la autorización del autor en los supuestos de reproducción de obras divulgadas para uso privado del copista y, reforzando la excepción con la remuneración por copia privada establecida en el artículo 25 LPI; entendida como compensación a los autores por el derecho a la copia privada de obras divulgadas que tenemos los españoles al amparo del derecho de acceso a la cultura.

Dicho de otro modo “de lege lata”:

1.- No conjugan el verbo piratear quienes con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, un programa de ordenador, o su transformación, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

2.- No conjugan el verbo piratear quienes reproduzcan para su uso privado, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios (ello sin perjuicio de la remuneración por copia privada prevista en el artículo 25 LPI).

Queda, por último, en esta aproximación a los conceptos pirata y piratear comprender que acción – conforme a la terminología legal – realizan quienes intercambian archivos mediante redes de pares. En la actual redacción de los artículos 18, 19 y 20 LPI (mucho cuidado con el borrador de reforma) los particulares que intercambian archivos “peer to peer” no están realizando actos de distribución ni de comunicación pública; simple y llanamente están ejecutando actos de reproducción y, en consecuencia ejercitan su derecho constitucional de acceso a la cultura y su derecho “ex artículo 31 LPI” a la copia privada (sobradamente compensado a los autores de obras divulgadas con el canon remuneratorio).

Sr. Bautista (y cía.) los usuarios de redes p2p no son piratas; es decir, no son clandestinos, ni personas que, junto con otras de igual condición, se dedican al abordaje de barcos en el mar para robar, ni mucho menos personas crueles y despiadadas; y tampoco piratean; es decir, no ejercen la piratería, no cometen acciones delictivas contra la propiedad, como hacer ediciones sin permiso del autor o propietario, contrabando, etc., por lo que de seguir con su incontinencia verbal podría encontrarse con miles de querellas de usuarios de redes p2p muy enfadados porque les calumnien.

Otro día, quizás mañana, analicemos si el Sr. Bautista o el Sr. Gates son o no unos Corsarios. De momento les dejo la definición de la R.A.E. (XXII edición):

“1.Se dice del buque que andaba al corso, con patente del gobierno de su nación. 2. Se dice del capitán de un buque corsario y de su tripulación”

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