Así empezaba un ensayo sobre la responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información…

Muchas son las expectativas que ha suscitado el fenómeno internet; principalmente la culminación del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, no en vano el Proyecto de Ley español se ha denominado “De Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico”.

Y esta definición nos da la clave de la preocupación y necesidad de regulación del fenómeno internet; sin embargo es preciso trazar una línea que separe las dos áreas fundamentales que, a mi modesto entender, conforman Internet: la divulgación científica y artística, como expresión máxima de la libertad de expresión y la comunicación entre las personas, y la actividad económica en todas sus variantes, con el comercio electrónico a la cabeza.

Respecto de la primera apuesto firmemente por la libertad a ultranza (“laisser faire, laisser passer”) con los únicos y dificilmente delimitables límites del derecho natural.

En relación a la segunda es donde el derecho positivo, de corte occidental (o mejor, de tradición romano-germánica) debe desplegar toda su eficacia regulando la actividad económica “on line” y apostando por una legislación flexible y favorecedora de una sana globalización de los intercambios comerciales sin fronteras, a la par que protectora de los derechos de los ocnsumidores; interpretando el término consumidor en el concepto amplio que se desprende de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.

Este deseo, que no dogma, encuentra su más fuerte oposición en el neoliberalismo económico de corte anglosajón imperante en el mundo que ha sustituído el Estado de Derecho por el imperio de los grandes “loobies” económicos. Realidad a la que no podemos sustraernos, no para acatarla, sino para combatirla desde el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y la protección de los sectores sociales más débiles.

Evidentemente se trata de un reto de dificil asunción por parte de un solo Estado, pero de no imposible implantación a partir del Espacio Único Europeo. Frente a los anteriores postulados se alza la realidad, ya expuesta de un Internet globalizado al más puro estilo anglosajón.

Mientras que el Estado apenas interviene en la actividad económica de las empresas a través de los llamados códigos de buena conducta, pretende limitar la libertad de expresión y el derecho a la intimidad de sus ciudadanos a través de programas informáticos como “carnivore”, o permitiendo a las empresas la intromisión en la intimidad de sus empleados, mediante el “filtrado” de los correos electrónicos.

En definitiva, la actual regulación de Internet se ha convertido en un intento inútil de ponerle puertas al campo que, logicamente, ha encrespado los ánimos de los internautas que observan desesperados como los Estados Nacionales, con la excusa de la seguridad en la red, intervienen sus conversaciones y censuran contenidos mientras conceden “patentes de corso” a las multinacionales.

Está fechado en diciembre de 2001…no han cambiado mucho las cosas.