1.984 – A lo mejor teníamos razón
Cuando a finales del mes de noviembre redactamos una aproximación a lo que creíamos era una intromisión del Estado en el secreto profesional de abogados, médicos y periodistas; una colisión entre los derechos fundamentales a la intimidad y al derecho de defensa con el, también derecho fundamental, derecho a la autodeterminación informativa que inspira la normativa de protección de datos de caracter personal y lo publicamos aquí creimos que sosteníamos una opinión minoritaria que, desde luego, no fue del interés del Consejo Español de Abogados Jovenes; sin embargo, lo que entonces nos preocupó, y que tan buena acogida tuvo en la V edición de UMEET lo ha reproducido recientemente el más alto organismo de la Abogacía Europea.
En el comunicado de prensa del pasado 13 de diciembre, Hans-Jürgen Hellwig, Président du CCBE, declaró :
« Le secret professionnel doit pouvoir être protégé en tant que droit fondamental de manière équivalente dans n’importe quel Etat membre de l’Union européenne. Il nous appartient de défendre ce droit fondamental qui appartient au client face aux multiples attaques dont il fait l’objet. »
Lo que más me ha llamado la atención ha sido el párrafo siguiente:
Le CCBE est préoccupé par les récents développements en Europe qui affectent gravement les droits de l’homme et le principe de l’Etat de droit, en particulier les atteintes à la vie privée et à la dignité des personnes, ainsi que l’obligation faite aux membres des professions tenus au secret professionnel de communiquer au gouvernement les confidences reçues des particuliers.
Ciertamente, Hans-Jürgen Hellwig no se refiere explicitamente a la normativa de protección de datos, como tampoco a la Ley sobre el blanqueo de capitales; sin embargo, quienes hemos leído esta normativa y sabemos que supone su aplicación, no podemos sino ver en sus palabras una confirmación a nuestros mayores temores: que el Estado esté cercenando algo sagrado como es el secreto profesional de la privacidad de los datos y confidencias de los ciudadanos.
Quizá echo de menos del más alto organismo de la abogacía española algo parecido, pero sobre todo más explícito con el asunto de la protección de datos, ya que sobre el blanqueo de capitales su postura la conocemos.
Pero es simplemente un desideratum. Soy consciente de que no se va a producir una declaración en el sentido que solicito, y menos si somos pocos los que estamos en esa línea. Verdaderamente esto es lo más preocupante, que los compañeros no adquieran conciencia del problema, quizá, y esto sería muy grave, porque el deber de secreto profesional no parezca lo suficientemente importante.
Nadie de fuera de mi despacho va a entrar en mi ordenador, sea la Agencia de Protección de Datos, sea el Consejo General de la Abogacía Española o el propio CCBE. Mi secreto profesional está por encima de todos ellos. Se lo debo a mis clientes y, sobre todo, me lo debo a mí mismo.
Probablemente eso se deba a que el tema de protección de datos asusta más que se comprende. Pero ya veréis, relacionemos el tema de blanqueo de capitales, ya que lo sacas a colación, con la protección de datos y seguro que más de un despacho de abogados se niega en rotundo a que la APD o cualquier órgano administrativo hurge en sus ficheros.
Existe, como indica Pedro, una colisión de derechos, en la que el secreto profesional, uno de los pilares en que se fundamenta nuestra profesión, debe prevalecer si quiere seguir siendo lo que es.
[…] Ya lo avisábamos en su día … y ha ocurrido. Del mismo modo que “con la excusa del terrorismo” los bienintencionados Estados de occidente han cercenado “de facto” los derechos individuales de sus ciudadanos, con la excusa del blanqueo de capitales se están socavando los cimientos del Estado de Derecho al negar el deber/derecho de secreto profesional a la abogacía. […]